Escrito por: Jerónimo Corregido
A partir de enero de este año, el impuesto para las apuestas en México pasó del 30 al 50%, y se calcula sobre el monto total, sin restar los premios pagados. El cambio ya se percibe en los reportes tributarios. Entretanto, la Corte Suprema define si ratifica el límite a las tragamonedas en casinos físicos.
Novedades en el impuesto de apuestas en México 2026.
Incremento en el impuesto a las apuestas en México en 2026
Desde hace varios años, México se encuentra en proceso de actualizar su normativa de juego, tanto en el ámbito físico como online. A comienzos de este año, se volvió efectiva la modificación en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), en un apartado que atañe al sector de las apuestas.
Concretamente, a partir de enero la carga tributaria pasó del 30 al 50%, en una suba histórica para el país. Este salto implicó, además, un cambio en el modo de calcular la fiscalización. El impuesto anteriormente se pagaba sobre los ingresos netos de juego, es decir, el monto resultante entre las apuestas recaudadas y los premios pagados. Ahora solo se toma en cuenta el valor total apostado.
El principal efecto de esta política es la suba en las recaudaciones fiscales. Algunos resultados directos ya han comenzado a vislumbrarse; el que más repercusión ha tenido es el de la región capitalina, donde en el primer semestre se vio una contribución récord.
Según el Informe de Avance Trimestral de la Secretaría de Administración y Finanzas del DF, entre enero y junio de este año se recaudaron 166.3 millones de pesos por las “erogaciones en juegos con apuestas”. Esto forma parte de la categoría de “Impuestos sobre el patrimonio”.
El volumen recaudado en la capital implica un aumento del 73.3% en relación con el año anterior. Este margen se explica sobre todo a partir de la modificación del IEPS para apuestas realizado por el Ejecutivo Nacional. Sin embargo, también se considera otro factor, que es el incremento en la facturación general de las empresas de juego, cuya actividad está impulsada especialmente desde el sector digital.
La actualidad de las apuestas y la regulación de los casinos en México
Además de la carga tributaria, el otro punto principal de interés para el sector del juego es el que atañe a los límites de tragamonedas en casinos físicos. En 2023, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador había actualizado el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos para que no se pudieran instalar más máquinas en los espacios habilitados.
La medida buscaba ponerle un freno a la explotación de tragamonedas, que representan el estímulo más problemático para jugadores compulsivos. Sin embargo, su puesta en marcha no llegó a ejecutarse, debido a los recursos de amparo presentados por varias empresas, como Clíe, IGT-Mexicana de Juegos y el Grupo Caliente.
Ahora el tema está en manos de la Corte Suprema. El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, ya propuso darles valor constitucional a las restricciones de 2023. A pesar de eso, la votación sigue en espera. Su resolución podría llegar antes de fin de año.
La administración de Claudia Sheinbaum ha continuado la senda de su predecesor en materia de juego. Una de las medidas más contundentes es la que atañe al fin del anonimato para los jugadores online.
Esto obliga a las empresas a implementar políticas para la prevención del lavado de dinero. Se trató de una reacción frente a los casos de 13 casinos acusados de blanqueo. No obstante, la normativa todavía no se ha puesto en marcha del todo, sino que está en su fase de preparación. Lo que sí se incorporó es el control fiscal automático para juegos presenciales y online, con la idea de evitar la evasión impositiva.
En cuanto al control del juego clandestino, el gobierno le ha otorgado mayores facultades a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), con el fin de que pueda bloquear de manera directa páginas y aplicaciones sin licencia.
Todos estos cambios no afectan al grueso de la normativa, que depende de la Ley de Juegos de 1947. Si bien la presidenta ha dejado entrever la posibilidad de una nueva legislación, hasta la fecha no se han tomado los pasos administrativos para que exista un reemplazo.
