Escrito por: Jerónimo Corregido
El nuevo Código Penal establecerá condenas acumuladas de hasta 60 años por estafas piramidales en República Dominicana. Se tipifica el delito y se incluyen a todos los actores que participan en la cadena. Los agravantes son los ataques a personas vulnerables y el uso de medios de comunicación, entre otros.
Las estafas piramidales en República Dominicana se convirtieron en un problema serio.
Freno a las estafas piramidales: República Dominicana actualiza su normativa
En agosto entró en vigencia el nuevo Código Penal de la República Dominicana, y allí se incluyen modificaciones que atañen a las estafas piramidales, su condena y su tipificación legal. En su conjunto, la regulación se endurece de manera considerable.
Las enmiendas vienen a reemplazar la normativa de 1884, que representaba una traducción al español del Código Penal francés de 1810. Para el delito de estafa, se estipulaban dos años de prisión, aunque esa podría ser considerada como la menor de sus anacronías.
La regulación actual define la estafa piramidal como cualquier negocio fraudulento que prometa ingresos sin generar cadenas de inversión reales. Además de involucrarse el dinero, se mencionan las criptomonedas, tokens, NFTs y activos digitales.
La definición contiene varios elementos que le son típicos a este delito, como la persuasión de las víctimas, la premeditación de las acciones, y la posibilidad de que sea cometido por una o más personas.
La actualización responde a una progresiva escalada de los fraudes piramidales. Con promesas de retornos maximizados, los estafadores convencen a personas sin nociones de inversión y les quitan sus ahorros. Las denuncias se vienen multiplicando año tras año.
Para estos casos, el Código Penal establece una multa que va entre 1 y 20 veces el valor de la estafa. En cuanto a las penas de prisión, pueden ser de entre 5 y 10 años.
Agravantes que aumentan los años de prisión
Si se cumplen algunas condiciones, las penas por fraude piramidal pueden subir a entre 10 y 20 años de prisión. Estas son:
- Cometer el fraude a una autoridad pública.
- Utilizar medios de comunicación, sean tradicionales o no tradicionales, para difundir el supuesto negocio.
- Atacar a personas vulnerables, como embarazadas, niños, quienes sufran una discapacidad.
- Realizar la estafa en grupo.
- Defraudar por un valor igual o superior a 100 salarios mínimos.
La gran mayoría de las estafas piramidales en República Dominicana satisfacen algunos de estos rasgos. En particular, los delincuentes utilizan casi invariablemente las redes sociales para reclutar usuarios.
Se suman también otros agravantes que implicarían más años de prisión. Si se prueba que hay lo que se denomina “asociación de malhechores”, se añaden entre 5 y 10 años más. Esto corresponde a la prueba de que el grupo de atacantes operaba como una organización ilícita.
También habrá entre 5 y 10 años más para quienes desvíen fondos, en conformidad con la Ley de Mercado de Valores. Y para quienes laven activos, entre 10 y 20 años más. De esta forma, el máximo que podría ir presa una persona por estafa piramidal es 60 años.
Plataformas que operan sin licencia: la clave para no caer
En República Dominicana los fraudes de inversión se transformaron en un problema tangible y con visibilidad en los medios, luego de que se desataran escándalos por estafas millonarias con cientos de damnificados. Uno de los ejemplos más recordados es el de Jairo González, responsable de Harvest Trading Group, quien está cumpliendo una condena de 8 años tras defraudar a más de 400 personas.
También se siguen oyendo repercusiones del caso de Wilkin García Peguero, apodado “Mantequilla”. En junio de este año fue arrestado nuevamente por el Ministerio Público, a causa del fraude con su empresa 3.14 Inversiones. Enfrenta cargos por tentativa de homicidio, extorsión y estafas financieras.
Ya sean fraudes a pequeña o gran escala, los estafadores operan con presunción de transparencia, e intentan convencer a sus víctimas con algunos retornos iniciales. Sin embargo, en todos los casos se puede comprobar que operan sin licencia. Esta es la única garantía de legalidad en el entorno de la inversión.
