La Cámara de Diputados aprobó la ley que regula el juego online en la República Dominicana, y ahora volverá al Senado. El proyecto también busca generar una normativa para la explotación de juegos de azar físicos. Se endurecerían las reglas para los casinos que ya están en actividad.

El juego online en la República Dominicana está a punto de ser legal.
Nueva ley de juegos de azar y apuestas en República Dominicana
A fines de julio, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que legaliza tanto el juego físico como el juego online en República Dominicana. El dictamen está a punto de volverse ley, en tanto que se espera su tratamiento en el Senado, donde había sido aprobado originariamente.
El paso por la cámara baja se dio de manera urgente y en dos lecturas consecutivas. El apuro en esta instancia no se condice con la lentitud del proceso general, ya que el proyecto había sido introducido el año pasado por el Poder Ejecutivo. El juego representa un sector de relevancia para una economía tan dependiente del turismo como la de República Dominicana.
Entre las principales medidas, se incluye la creación de la Dirección General de Juegos de Azar (DGJA), que será el dispositivo estatal para el control de la industria. Se tratará de un órgano autónomo, con independencia financiera. Entre sus funciones se incluirá la fiscalización de las empresas.
Con la nueva reglamentación, los sectores que ya están habilitados verán una suba de impuestos de hasta el 243%. Las bancas de lotería, por ejemplo, pasarán de pagar RD$35.000 a RD$120.000 al año. Cada máquina tragamonedas y mesa de juego en los casinos físicos estará sometida a un impuesto mensual, independiente de su rendimiento.
En cuanto al juego online, la República Dominicana lo gravará anualmente con el 10% de su GGR (gross gaming revenue). El proyecto no solo busca ponerle fin a la explotación ilegal de la actividad, sino que forma parte de un plan para recomponer las arcas del Estado. Aunque la industria de las apuestas mueve cifras enormes, el fisco no ha tenido una participación en su desarrollo.
Las modificaciones propuestas por Diputados
El proyecto no sale de la cámara baja tal como había llegado. Entre sus numerosas modificaciones, que deberán ser debatidas en el Senado, hay tres principales. La primera de ellas tiene que ver con el límite a la publicidad.
En el proyecto original se establecía una prohibición total de emitir anuncios. En su lugar, los diputados crearon un reglamento que establece condiciones para que la publicidad sea posible, con advertencias sobre la exclusión de menores y el riesgo de ludopatía.
Es un tema particularmente espinoso, dado que en varios países latinoamericanos el juego online llegó con una fuerte maquinaria de marketing que impactó negativamente en la sociedad. Tanto es así que en Brasil y Argentina ya hay proyectos de ley que buscan prohibir por completo la publicidad del sector.
Otro tema modificado por la Cámara de Diputados atañe a la comercialización de juegos electrónicos. El proyecto fue retocado para que las bancas deportivas puedan ofrecer ese tipo de contenidos.
En tercer lugar, se modificó el rol de la DGJA, en función de que oficie como mediadora en los contratos de las loterías y los concesionarios. Es decir, se le entrega una facultad administrativa clave en la transparencia del sector.
Qué pasará con el juego online en República Dominicana
El fenómeno del juego online no es nuevo en el país. De hecho, existe una amplia base de casinos y casas de apuestas que funcionan sin ningún permiso local. Sus anuncios se pueden ver en todos lados, desde las redes sociales hasta los carteles en la vía pública.
Las plataformas ilegales se dividen en dos grupos. Por un lado están los gigantes transnacionales, que operan al margen de la regulación con un lobby masivo. Son empresas como Betway, bet365 o PokerStars, con un capital suficiente para pagar cualquier tipo de cánones y someterse a cualquier regulación impositiva. Están entre los principales promotores de la ley de juego.
Por otro lado, están las plataformas puramente fraudulentas. Sus juegos y premios no tienen manera de corroborarse, y suelen ser canales de estafa, sin que los usuarios puedan acudir a ninguna instancia de defensa. Como no controla la identidad de sus clientes, facilitan el lavado de dinero y el ingreso de menores. Se supone que, de entrar en vigor la nueva regulación, este subgrupo acabaría eliminado.