Escrito por: Jerónimo Corregido
El Consejo Empresarial de Juego (CeJuego), patronal del sector en España, ha informado sobre el crecimiento sostenido de las apuestas online en el país. Las empresas buscan normalizar la actividad del juego cada vez más en la sociedad, en tanto que cargan contra los organismos reguladores y las autoridades estatales.
El juego online consolida su presencia en España entre adultos durante 2025.
Los datos sobre apuestas online en el informe de CeJuego
Para terminar el año, el Consejo Empresarial de Juego (CeJuego) de España presentó un estudio llamado “Juego y Sociedad 2025”, junto con el Anuario de la entidad. En el informe se compendian y analizan todos los datos relacionados a las apuestas online y los juegos localizados correspondientes al ejercicio anterior, es decir, el año 2024.
De esta forma se ha proyectado un panorama de crecimiento para el juego online en sus distintos segmentos. Según el estudio, desarrollado por el doctor en Sociología José Antonio Gómez Yáñez, el 5,8% de la población adulta de España (entre 18 y 75 años) jugó al menos una vez en 2024.
En lo que respecta a los jugadores frecuentes, el índice llega al 2,8%: fueron 953.182 personas que participaron de apuestas online al menos una vez al mes durante el período relevado. Estos indicadores refieren un crecimiento en el sector, que se viene sosteniendo de modo visible desde la pandemia en adelante.
El fenómeno de las apuestas online, al igual que lo que se ve en los juegos localizados, tiene un público preponderantemente masculino. CeJuego no ha detallado las cifras, pero la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) ha especificado que el 83,15% de las personas que jugaron por vías digitales en 2024 son varones, en tanto que solo el 16,85% están registrados como mujeres.
El sector está comprendido por casinos y casas de apuestas online que invierten millones de euros al año en publicidad y marketing. Sus productos son sumamente heterogéneos, y van desde los juegos de mesa clásicos hasta las apuestas deportivas, pasando por decenas de categorías que se renuevan permanentemente.
Esta característica hace que las apuestas online sean un negocio rentable a partir de distintos estratos demográficos. Los productos se orientan a distintos perfiles sociales: desde varones aficionados al fútbol hasta personas que buscan jugar online al bingo.
Buscando introducir el juego en el sentido común de la sociedad
El estudio de CeJuego parte de la premisa de que el juego es plenamente normal en España, y señala a las personas que no apuestan como individuos marcados por sesgos ideológicos o religiosos. Para ilustrar esta hipótesis se postula que el 85,1% de la población adulta ha participado de alguna modalidad de juego durante el año 2024.
Así y todo, esas cifras pueden resultar capciosas. De las 30,7 millones de personas que apostaron alguna vez en el período estudiado, 27 millones lo hicieron el Gordo de Navidad. Este es el producto principal de la industria del juego, y se explota desde el Estado, no desde empresas privadas.
El Gordo de Navidad es una tradición que tiene más de cien años, reparte premios particularmente grandes y se halla inscripta en la cultura española de una manera particular. Distinto es el caso de las tragaperras presenciales, que llegaron a mover más recaudar aun más dinero que las apuestas del Estado.
La perspectiva de CeJuego intenta instalar las apuestas como lo normal en la sociedad, marcando a quienes prefieren no jugar con sujetos extraños. De esta manera el empresariado busca poner sus productos dentro del sentido común comunitario, haciéndolos pasar por patrimonios culturales de la nación, cuando en realidad son fenómenos de mercado, contingentes y variables, fomentados a partir de un fuerte aparato publicitario.
La patronal también volvió a la carga contra las autoridades de juego y apuestas online de España, repitiendo su pedido de renuncia de Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y de Mikel Arana, quien está a cargo de la DGOJ. Según CeJuego, el Estado hace públicas sus sanciones a las empresas privadas pero oculta las que atañen a los operadores del Estado.
