Escrito por: Jerónimo Corregido
El Congreso vuelve a discutir la reglamentación para los juegos y apuestas online de Brasil, en vistas de los costos sociales que ha producido la explotación del negocio. El gobierno busca poner restricciones a los depósitos y la publicidad. Las patronales piden el bloqueo de los operadores sin licencia.
La inserción de las apuestas online en Brasil generó cambios en el tejido social.
Con la lupa sobre la reglamentación de apuestas online en Brasil
La regulación de las apuestas en Brasil se volvió efectiva en enero de 2025, con lo que se puso fin a la zona gris en la que se explotaba el negocio. Sin embargo, la apertura a esta actividad ha generado fuertes cambios en la sociedad, asociados con la ludopatía juvenil y el nivel de endeudamiento de la población.
El mes pasado la Cámara de Diputados inició un proceso de examinación, en el que se evaluará la legislación existente. La mayor parte del arco político concuerda en que es necesario realizar modificaciones para paliar los efectos negativos. El área más cercana al presidente Luiz Inácio Lula Da Silva incluso promueve la marcha atrás con la legalización.
Las audiencias fueron conducidas por la Comisión de Desarrollo Económico, y estuvieron a cargo de Jadyel Alencar, del partido Republicanos. El diputado expresó que se trata de un tema que genera opiniones fuertes en la sociedad brasileña. Además, la cuestión cobra visibilidad de cara a las elecciones presidenciales, que serán en octubre de este año.
Luego del primer año de funcionamiento de la ley de apuestas online en Brasil, tanto la Cámara de Diputados como el Senado recibieron numerosas propuestas de ley, ya sea para vetar la reglamentación o para imponer restricciones mucho más tajantes.
Datos alarmantes expuestos en el Congreso
Los representantes del Ministerio de Hacienda indicaron que hay más de 31 millones de CPF registrados en casas de apuestas online. Brasil es el país de América Latina con la mayor base de usuarios y el mayor caudal de mercado.
También confirmaron que los brasileños perdieron R$37 mil millones (US$7,1 mil millones) en apuestas el año pasado. Un dato que respalda la hipótesis de endeudamiento esgrimida por el presidente de la Nación.
Marcelo Kimati Dias, director del Departamento de Salud Mental, Alcohol y Otras Drogas (DESMAD) indicó que el Ministerio de Salud tuvo que ampliar las funcionalidades de la plataforma Meu SUS Digital, para hacer frente a la demanda de problemáticas relacionadas con el juego compulsivo. La demanda de servicios públicos de asistencia a la ludopatía se incrementó un 137% en los últimos 5 años.
En el mismo sentido, Johnatan Faraj, director general del Instituto de Defensa al Consumidor del Distrito Federal, describió a los jugadores como consumidores extremadamente vulnerables. Sus críticas se dirigieron a la publicidad engañosa del sector, que vende su servicio con una presunción de éxito que no le es propia.
Defensores de la ley actual
Dentro del Estado, otras voces discrepan sobre la naturaleza del problema. Para Leandro Lucchesi, Coordinador General de Regulación en la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA), el núcleo de la cuestión no radica en las capacidades de los operadores regulados, sino en la existencia de un mercado ilegal de apuestas.
Sin embargo, la postura de la SPA también contempla restricciones a las facultades actuales de las plataformas. Por ejemplo, se están evaluando los rasgos engañosos como los “casi triunfos” o las “pérdidas por poco”, que matizan los resultados negativos.
Desde las patronales, la perspectiva es más conservadora. Según Ana Bárbara Teixeira, Directora de Relaciones Gubernamentales en la Asociación Brasileña de Juegos y Loterías (ABRAJOGO), la actividad del juego legal se mantiene como un entretenimiento libre de daños, y los esfuerzos por restringir el acceso se deberían focalizar en el mercado negro.
El sector privado suele usar como argumento que, si se suben sus impuestos o se recorta su capacidad publicitaria, los usuarios migrarán hacia la oferta clandestina. Una hipótesis que, en la experiencia de otros países, como España, Bélgica y Alemania, no se condice con la realidad.
