Escrito por: Jerónimo Corregido
Stake Brasil, tras la prohibición a las apuestas decretada por Lula da Silva, consiguió una medida cautelar para seguir operando. Sin embargo, esto también cayó a raíz de una resolución del Tribunal Regional Federal de la 3ª Región (TRF3). La continuidad del juego online dependerá de lo que dirima el Congreso.
Stake Brasil: prohibición de apuestas de conformidad con la medida de Lula da Silva.
Revés para la prórroga judicial de Stake
Tras la Medida Provisional que puso fin a las apuestas online en Brasil, Stake había conseguido una medida cautelar para seguir operando hasta fin de mes. Sin embargo, el Tribunal Regional Federal de la 3ª Región (TRF3) suspendió ese privilegio, alegando que comporta una “asimetría regulatoria”.
Esto significa que, según el tribunal de segunda instancia, el tratamiento con Stake Brasil ante la prohibición de las apuestas era de carácter diferencial. Al haber una política que se aplica a todo el sector, no puede haber excepciones para empresas particulares, puesto que se hubiera tratado de una competencia desleal.
La medida cautelar había sido aprobada por la jueza Cristiane Farias Rodrigues dos Santos. Posteriormente, la Abogacía General de la Unión (AGU) presentó un recurso ante el TRF3. Fue el magistrado Luis Antonio Johonsom Di Salvo, presidente del tribunal, quien puso la firma final para la suspensión.
Qué pasará con la regulación de juego online en Brasil
La resolución del TRF3 no dirime la situación de los operadores de apuestas online en Brasil ni zanja la cuestión regulatoria. Tras la Medida Provisional 1.394/2026 firmada por Lula da Silva, hay varios escenarios posibles para la situación. Los dos principales son por vía judicial y por vía parlamentaria.
La vía judicial representa el camino que han tomado las patronales del juego en Brasil. En flagrante oposición a lo establecido por el gobierno, la Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL) y el Instituto Brasileño de Juego Responsable (IBJR) le solicitaron al Tribunal Supremo Federal que levantase la prohibición.
El argumento que sostienen las entidades es que el Estado cambió las reglas en medio del juego. Las empresas invirtieron en licencias de R$30 millones por 5 años y se comprometieron al pago de los impuestos estipulados, conforme las bases regulatorias. La prohibición supone la pérdida de lo construido hasta la fecha.
El Tribunal Supremo ha pedido la respuesta del gobierno, que había apoyado la prohibición en los efectos sociales negativos desatados por el juego online. Se espera que se tome en cuenta la postura de la Fiscalía General de la República.
La vía legislativa depende de lo que resuelva el Congreso Nacional. La medida firmada por el Poder Ejecutivo debe ser respaldada o anulada en el Parlamento. Para ello existe un plazo de 60 días, prorrogables por otros 60. De esta forma, la nueva configuración de diputados y senadores, dispuesta luego de la última elección presidencial, deberá llamarse a tratar el tema.
Algunos escenarios posibles para mitigar la prohibición
Una de las propuestas, impulsada desde la bancada de Flavio Bolsonaro, es mantener la prohibición sobre los segmentos de casino online, señalados como los más problemáticos para personas vulnerables, y reabrir las casas de apuestas. Esta reapertura, empero, estaría marcada por nuevas condiciones.
Algunas de las escuchadas hasta el momento son el fin de los bonos de bienvenida, las micro bets, y las campañas publicitarias con influencers. Incluso se podría rever el esquema impositivo.
Otra de las posturas es la de compensar a las empresas que invirtieron en licencias e infraestructura tras la regulación del juego online en Brasil. De todas formas, está claro que, en su conjunto, hasta el momento la industria de las apuestas hizo un enorme negocio en el país. Según los números del Ministerio de Hacienda, en el primer semestre de este año ya se habían facturado R$20.200 millones de ingresos brutos de juego (dinero apostado menos premios pagados).
