Escrito por: Facundo Rossi
La Cámara de Diputados de Salta le dio luz verde a un proyecto en el que se prohíbe que los beneficiarios de planes sociales accedan a los casinos de Salta, así como a hipódromos y bingos. La medida ha sido criticada por presentar tintes discriminatorios contra las clases menos favorecidas de la provincia.
El gobierno de Milei generó desocupación y sembró planes sociales en Salta.
Quienes reciban planes sociales no podrán ingresar en casinos
La Cámara de Diputados de Salta ha aprobado un proyecto muy cuestionado sobre el acceso a los espacios de juego. Puntualmente, se trata de un dictamen que prohíbe que las personas que reciben planes sociales ingresen en casinos, hipódromos bingos o cualquier otra sala de apuestas.
El proyecto fue impulsado por los diputados Gustavo Dantur y Daniel Segura, del Bloque Justicialista Sáenz Conducción. Representan al oficialismo provincial, que goza de amplia mayoría en las cámaras parlamentarias. En su perspectiva, el Estado tiene la obligación de cuidar a los sectores menos favorecidos.
Así, para los justicialistas salteños, quienes sean beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) u otros planes sociales no tienen capacidad legal para apostar ni participar de la actividad social en salas de juego. En su mirada, esto le pondría un freno a la ludopatía, que crece a pasos agigantados en la provincia y el resto del país.
Los diputados conservadores y de la Unión Cívica Radical (UCR) acompañaron la medida, con la idea de que el Estado debe establecer en qué gastan los individuos el dinero que se les asigna a través de ayuda social.
Desde la bancada radical trazaron una tajante diferencia entre el “dinero ganado con el sudor de la frente”, que es digno de ser gastado en casinos, y el dinero que se percibe a través de planes.
Con los grandes bloques alineados tras la aprobación, la velada en la Cámara fue mucho más sucinta de lo esperado. Sobre todo por la conducción sumaria del presidente del recinto, Esteban Amat, quien responde al gobernador Gustavo Sáenz.
Objeciones al proyecto por estigmatización social
A pesar de su veloz paso por la Cámara, se escucharon algunas voces en contra del proyecto de ley. Entre ellas la de José Gauffín, del Bloque Independencia, quien señaló que la medida va en contra de las libertades individuales expuestas en los artículos 14 y 15 de la Constitución Nacional.
Además, señaló que la Ley Habeas Data prohíbe que cualquier entidad privada, por sus propios medios, releve bases de datos sobre beneficiarios de planes sociales en Argentina. Esta legislación tenía la intención de preservar la privacidad de las personas que acceden a ayudas del Estado.
También se han hecho oír voces de constitucionalistas y abogados que cuestionaron el proyecto. La principal objeción es que, una vez que los fondos de la AUH o cualquier otro plan ingresan en la cuenta de un ciudadano, pasan a formar parte de su patrimonio personal, y por lo tanto el Estado no puede decidir cómo se lo gasta.
Esta perspectiva está marcadamente a las antípodas del discurso de la UCR. Otro punto de debate, que continúa sonando en la prensa salteña, es la estigmatización social que generará la ley. Para muchos, no parece hecha para preservar la moral y la salud, sino una artimaña legal para mantener a las clases populares lejos de espacios de ocio y recreación.
Las últimas mediciones indican que en Salta habría más de un 65% de pobreza. Solo los asignatarios del plan SUMAR de salud pública ascienden al 50% de la población provincial. Más del 12% de los hogares recibe también la AUH, y las pensiones no contributivas llegan a más de 40.000 personas.
Últimamente, la aceleración del desempleo ha llevado a un aumento de la marginalidad y la indigencia. La falta de trabajo obligó a que el gobierno multiplique los planes de ayuda estatal. Lejos de buscar una solución para el complejísimo escenario económico, los avances de la Legislatura parecen más orientados a segregar a la población y trazar líneas entre clases sociales.
