El Consejo de la UE le está dando forma a un proyecto de recaudación que implicaría un impuesto europeo al juego online del 1%, junto con otras medidas. Los fondos se destinarían al combate contra el juego ilegal, que supera el 70% del total de las apuestas digitales en Europa.
El impuesto europeo al juego online sería del 1% sobre los ingresos.
El impuesto europeo al juego online flota en el horizonte
La Unión Europea está buscando la manera de formar su presupuesto 2028-2034, período en el que empezará a pesar la deuda del fondo de recuperación. Para ello, se están evaluando distintas medidas fiscales, como la del impuesto europeo al juego online, presentado por Victor Negrescu, eurodiputado rumano y vicepresidente del Parlamento.
Se trataría de un gravamen del 1% para todos los operadores de juegos y apuestas digitales que funcionen en el bloque. La idea fue reflotada en la última reunión del Consejo de la EU, donde se revisaron las cuentas para el próximo presupuesto.
Los defensores del nuevo impuesto sostienen que los fondos representarían un incentivo necesario para la educación, la salud, y los programas de juventud en Europa. Sobre todas las cosas, destacan que serviría para fortalecer la lucha contra los operadores ilegales.
Según las cifras compartidas por la UE, el juego online clandestino generó €80,6 mil millones en 2024. Esto sería equivalente al 71% de las apuestas totales que se realizan en Europa mediante vías digitales. Las cifras están basadas en un estudio realizado por la Asociación Europea de Casinos con YieldSec.
Los operadores ilegales están acusados de ser el motor del juego compulsivo, en vista de que no presentan herramientas de exclusión ni de límites a las apuestas. También suelen tener vinculaciones con el lavado de dinero, dado que no aplican políticas de KYC (know your customer).
Las distintas reglamentaciones para el juego online en países europeos, como España o Portugal, se aprobaron con el fin de terminar con el mercado negro. No obstante, más de una década después de esos ensayos, las plataformas clandestinas siguen proliferando en toda la región.
El contexto de la “gambling tax” y otros impuestos en fila
El intento de recaudar más dinero para el próximo presupuesto se da en el marco en que los países que más aportan a la UE buscan reducir su carga. Alemania, Finlandia y Países Bajos ya han solicitado expresamente que se ajusten sus contribuciones; en contraposición, los estados que más reciben, como España, Grecia o Italia, defienden la centralidad del gasto común.
En semejante contexto, un aumento de la recaudación resulta perentorio. La “gambling tax” estaría acompañada de un paquete de medidas que incluye el gravamen para los criptoactivos, los servicios digitales y las empresas con facturación superior a los €100 millones. Esta última no cuenta con el apoyo de Alemania, Finlandia y Países Bajos.
En oposición a la mayoría, Malta se ha mostrado reticente a aplicar el impuesto europeo al juego online. El motivo es que el país funciona como central de operaciones para las plataformas internacionales. Esto ha hecho que se generaran tensiones con otros estados de la UE.
Gran parte de los operadores llamados “off-shore” funcionan con licencia de la Autoridad de Juego de Malta (MGA), cuyas normativas son mucho más laxas que en el resto de la región. La contribución de la industria del juego online en el PIB de Malta es de aproximadamente un décimo. El Primer Ministro, Robert Abela, declaró que la UE debe respetar la soberanía fiscal de los estados, en vez de obligar a cumplir obligaciones impositivas adversas.
Por su parte, Piotr Serafin, Comisario Europeo de Presupuesto, Lucha contra el Fraude y Administración Pública de la UE, confirmó que la comisión está preparando un examen de las alternativas disponibles para aumentar la recaudación. En la próxima reunión del Consejo, que será en octubre, se delinearán más claramente los contornos del proyecto.
De volverse efectiva, la carga del 1% sobre los casinos online de Europa tendrá consecuencias inmediatas en el mercado. Algunas plataformas podrían tomar la decisión de renunciar a sus licencias si los gastos se vuelven inconvenientes.