Escrito por: Jerónimo Corregido
No para de crecer la venta ilegal de citas de extranjería. Los delincuentes bloquean las páginas oficiales con bots y luego venden los turnos para trámites. La ineficiencia de la administración pública española choca contra la enorme demanda de citas para gestionar documentación requerida por extranjeros.
Inmigrantes se ven obligados a comprar citas previas de extranjería.
El mercado negro de las citas se extiende por la administración
Así funciona el mundo: si un documento se vence o hay que hacer un trámite, el modo de gestionarlo es con una cita online. Tan fácil como eso. ¿Qué podría fallar? Bueno, parece que en la administración pública española, casi todo. O casi todo lo que atañe a extranjeros.
Es que resulta prácticamente imposible acceder a cualquier tipo de cita por vía digital: las páginas de la administración pública están trabadas, sobrecargadas, nunca hay turnos. Claro está, el escenario favorece la venta ilegal de citas de extranjería. Un mercado negro que ni siquiera se esmera en encubrirse.
Se calcula que a España llegan unos 400.000 inmigrantes por año. Cada una de esas personas, cualquiera sea su origen y condición, necesitará realizar numerosos trámites para actualizar su situación fiscal y cívica. Trámites que, en teoría, son gratuitos y personales, pero en la práctica las cosas cambian.
Porque cualquier persona que haya pasado por la experiencia de solicitar el TIE (tarjeta de identidad de extranjero), intercambiar su licencia de conducir o renovar el NIE (número de identidad de extranjero) sabe que es mucho más fácil comprar cita previa de extranjería que luchar contra el sistema web del gobierno.
La pesadísima burocracia de la administración española se enfrenta con la realidad de cientos de miles de personas que buscan regularizar su situación. La única salida a la vista es el acceso a la venta ilegal de citas de extranjería, que se propagan como una tienda de moda por todo el país.
Los especialistas en Derecho observan que se trata de una problemática que lleva años, y cada vez se agrava más. Cabe destacar que España es el segundo país de la Unión Europea que recibe más inmigrantes, sobre todo en condición de asilo, en un contexto internacional crítico.
Cómo funciona la venta ilegal de citas de extranjería
Los ciberdelincuentes utilizan bots para bloquear las citas en las páginas web del gobierno y de esta forma impiden que los usuarios reales accedan a los turnos. Los bots son una tecnología muy simple, que no requiere grandes conocimientos informáticos, y es utilizada en todo tipo de estafas digitales.
Es un modus operandi que ya ha descubierto la Policía Nacional en varias oportunidades. El año pasado 21 personas fueron detenidas por este delito: 17 en Alicante, 3 en Valencia y 1 en Murcia. Todos formarían parte de la misma organización de venta ilegal de citas de extranjería, con ingresos superiores a los €9.000 por mes para cada miembro.
Pero ocurre que, tras arrestar a los delincuentes, la situación no mejora mucho. Las páginas web siguen igual de congestionadas, cualquiera sea el día y la hora en que se acceda, en tanto que el mercado negro de las citas se extiende por la administración.
De hecho, pese a la toma de medidas de las autoridades, la situación parece agudizarse mes a mes. Tanto es así que incluso hay venta de citas de extranjería en portales como Wallapop y Milanuncios, entre otras páginas similares. Cobran entre €25 y €100 por trámites gratuitos.
Es que la existencia de los grupos delictivos está emparejada con la saturación del sistema público español. La venta ilegal de citas de extranjería es proporcional a la falta de recursos humanos en comisarías y oficinas estatales.
La gente obligada a comprar cita previa de extranjería
En última instancia, se trata de un problema que afecta sobre todo a los usuarios finales, es decir, los inmigrantes que ven sus trámites constantemente obstruidos y gravados. Quienes acaban por comprar la cita previa de extranjería no lo hacen para aprovecharse del sistema, sino porque es su única opción.
Pero vamos a un caso concreto y veamos lo que me sucede cada vez que intento canjear mi registro de conducir argentino por el español. La página de la Dirección General de Tráfico acusa un error y me deja afuera, o bien me indica, en letra roja, que no hay más turnos para los días próximos, sin especificar cuáles son.
El mismo caso se da en la mayor parte de los trámites para extranjeros. Veamos el caso de mi amigo irlandés, que permanecerá anónimo, y decidió pagar €40 para empadronarse y obtener su NIE. Un trámite que es gratis y directo, pero que, para quienes están apurados y no hablan muy bien el castellano, puede ser demasiado complejo.
Con esas consideraciones, no es difícil hacerse una idea del enorme negocio que representa la compra de cita previa de extranjería en Barcelona, una ciudad donde viven más de 400.000 inmigrantes registrados, más del 25% de la población. Basta decir que en las paredes de todos los barrios se ven anuncios de venta ilegal de citas de extranjería.
O el caso de mi amiga chilena, que también permanecerá anónima, y casi tiene que cancelar la transacción de un inmueble en Madrid porque la administración no tramitaba su NIE. ¿Cómo consiguió resolver el problema? Pues obviamente con la compra de cita previa de extranjería en Madrid.
Está claro que las personas que recurren a esos servicios ilegales son las verdaderas víctimas. Mientras que el mercado negro de las citas se extiende por la administración, los inmigrantes en España encuentran (¡encontramos!) obstáculo tras obstáculo para acceder a la documentación, que se suma a las dificultades para alquilar pisos y hallar empleo.
No hay dudas de que nadie quiere tener que comprar una cita previa de extranjería. ¿Pero cuáles son las opciones? En un sistema que parece cada vez menos receptivo y eficaz, los gestores ilegales se presentan como la única solución.
La respuesta de las autoridades es… ¿más vigilancia? ¿Más policía? ¿Más ciberseguridad? ¿Qué resuelve todo eso? ¿Incrementa la cantidad de recursos en la administración? ¿Amplía el número de citas? Si hay algo cierto es que, en un sistema justo, nadie tendría que pagar por sus derechos básicos.
