Ocho de cada diez sitios de apuestas son ilegales en Argentina
Según el presidente del Instituto Provincial de Loterías y Casinos (IPLyC) de la Provincia de Buenos Aires, el 80% de los operadores activos en el país no tienen licencia de ninguna autoridad nacional. Esto hace que la participación impositiva del Estado sea pequeña en comparación con los volúmenes de juego que se mueven en toda la Argentina en la actualidad.
Crisis en Argentina por aluvión de plataformas clandestinas. (©TheDigitalWay/Pixabay)
La prosperidad del juego clandestino
La legislación de las apuestas es un asunto que no depende de la competencia de las autoridades nacionales argentinas, sino que está en manos de cada una de las provincias. Desde la pandemia, la mayoría de las jurisdicciones hay aprobado leyes para formalizar los sitios de apuestas digitales. Sin embargo, apenas el 20% de los operadores estaría funcionando en condiciones legales según los protocolos locales.
Así lo manifestó Omar Galdurralde, presidente del Instituto Provincial de Loterías y Casinos (IPLyC) de la Provincia de Buenos Aires. Según esta voz autorizada, el 80% del juego digital de Argentina transcurre en canales no habilitados. Esto representa una voz de alarma para un mercado regulado en el que las licencias deberían transmitir algún tipo de solidez y respaldo.
Galdurralde expresó que la clandestinidad es el principal motivo por el que el Estado no logra recaudar lo esperado de la industria de apuestas virtuales. Si bien en un comienzo se estimaba que la contribución fiscal sería de peso, a la fecha no se han llegado a percibir esos ingresos. La provincia de Buenos Aires recaudaría unos 100 millones de pesos al año (unos US$480.000), lo cual está bastante por debajo de las expectativas formadas al respecto.
Además, el presidente del IPLyC manifestó que la peor parte se la llevan los propios usuarios, quienes ingresan sin saberlo en sitios de dudosa reputación. En plataformas sin licencias de los institutos provinciales de control, existen riesgos de no cobrar los premios, así como de sufrir estafas como el phishing, el robo de la información o la duplicación de tarjetas de crédito. Un auténtico peligro para los cibernautas poco atentos a estas cuestiones.
Contrarrestando la ilegalidad
Galdurralde también dejó en claro que desde la administración de la provincia de Buenos Aires y desde el IPCyL se desarrollan medidas para dar de baja los sitios clandestinos. No obstante, su proliferación es tal que resulta complicado llevar un registro actualizado de las plataformas que logran erradicarse y aquellas que reinciden. Para esto se requieren trabajos mancomunados de todas las instituciones de juego del país.
En el país existe un dominio específico para reconocer a las plataformas debidamente habilitadas. Se trata de la terminación .bet.ar, que ya ha sido puesta en práctica por decenas de sitios. Solo en la provincia de Buenos Aires, las cuatro páginas con licencia operativa ya disponen de este dominio.
Esta iniciativa ha sido promovida por la Asociación de Loterías Estatales de Argentina (ALEA), que también es presidida por Galdurralde, quien a mediados del año pasado ganó su reelección para el cargo. Desde esta entidad se intentan desarrollar políticas para mejorar las condiciones del juego en general en todo el país. Incluso existe una Tecnicatura en Gestión y Administración de Juegos de Azar dictada en cooperación con la Universidad Provincial de Administración, Tecnología y Oficios (UPATecO) de Salta. Es la única carrera terciaria de estas características en toda América Latina.
Galdurralde además es un posible candidato a intendente del partido de Lanús, que actualmente está gobernado por el partido político opuesto. Los logros del funcionario en el área del juego son su principal carta de presentación en el escenario electoral del 2023.
Un mercado que precisa atención
Mientras que la web argentina se va llenando de casas de apuestas y casinos online, pareciera ser cada vez más imperiosa la regulación efectiva por parte de las entidades relevantes. Con las licencias emitidas por los institutos de loterías se había creído llegar a un verdadero hito, pero hoy en día, con un 80% de clandestinidad online, queda expuesto el problema en la implementación de la ley. Entre los principales damnificados están los operadores que pagaron sus licencias y aun así deben competir con plataformas ilegales.
Además, a esta situación se le suman las complejidades de cada jurisdicción para volver efectivas las reglamentaciones. En la provincia de Córdoba, por ejemplo, existen graves discrepancias jurídicas sobre el alcance de la normativa, que no entraría en vigor en la ciudad capital. En muchos arcos políticos del país existe cierta resistencia a abrir el mercado a esta actividad. Lo cierto es que, dada la extensión de las apuestas digitales, la práctica continuará existiendo: regularla efectivamente o no hacerlo es una decisión de índole política.